Estado recibe pago de $567 millones por Minera Panamá, pero no serán utilizados hasta que la CSJ falle las demandas de inconstitucionalidad

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El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció en su más reciente discurso a la nación, que la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Mineral realizó el pago estipulado en el contrato de Ley 406, por la suma de $567 millones. No obstante, indicó que estos fondos no se utilizarán, mientras se resuelvan las demandas de inconstitucionalidad interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del contrato minero.

 

El mandatario también giró instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que los fondos pasen a una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá donde no se pueda utilizar.

 

De acuerdo con un comunicado de la empresa, el pago de regalías e impuestos de $567 millones, cubre el período comprendido entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, y que se estarán realizando otros pagos adicionales a comienzos de 2024, así como durante el desarrollo de las operaciones.

 

De esos más de $567 millones, unos $4,284,512 millones corresponden a los pagos acordados a los municipios de Omar Torrijos Herrera y Donoso de la provincia caribeña de Colón, lugar donde opera la mina canadiense.

 

En su mensaje, Cortizo advirtió que acatará la decisión que tome el Supremo panameño respecto a la inconstitucionalidad del contrato entre el Estado y Minera Panamá, pero pide respeto a los términos procesales y poner fin a los cierres de calles y otros actos de violencia que impactan negativamente en la economía del país, la generación de empleos y la vida de la población.Panamá es un país democrático donde todos debemos respetar el Estado de Derecho y proteger la institucionalidad que consiste en que cada Órgano del Estado cumpla con las funciones que constitucionalmente le corresponden”, dijo Cortizo.

Además, agregó que, está consultando a la Procuraduría de la Administración sobre la viabilidad jurídica de derogar la Ley 406.

 

El pasado 3 de noviembre, representantes de la Alianza Pueblo Unido Por la Vida, gremios docentes y sociedad civil, entregaron una carta dirigida al presidente Laurentino Cortizo para exigir la derogatoria del contrato minero.

 

Mencionó que Gobierno ha evitado caer en las provocaciones de algunos grupos que recurren a la confrontación con manifestaciones que atentan contra la salud, la educación, los actuales puestos de trabajo, la generación de nuevos empleos, la recuperación económica y la paz social.

El jefe de Estado enfatizó que este tipo de manifestaciones violentas que perjudican a todos, que no quedaran impunes y que el Ministerio Público junto a la Fuerza Pública trabajan para cumplir las órdenes de aprehensión y conducción de quienes atentan contra la privación de la libertad individual, la personalidad jurídica del Estado, así como apología del delito, daños a la propiedad pública y privada y cualquier otro delito relacionado con estas acciones ilegales.

 

Desde hace cuatro semanas se han realizado protestas y bloqueos de vías en la capital y en las provincias en contra del contrato para la explotación de cobre, la cual ha provocado el desabastecimiento de combustible y la carencia de alimentos.

 

Fuente : Staff Inversiones y Negocios

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