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Panamá: rebelión social contra un modelo de país fracasado

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Corrupción e ineptitud asolan a Panamá, una vez elogiado por su estabilidad. Y ahora, Trump quiere recuperar antiguas bases de EE. UU. en el Canal. Un cóctel peligroso, según analistas.

Batallas campales con heridos, provincias enteras bloqueadas y pérdidas económicas millonarias: Panamá parece en estos días un país en guerra. Por un lado, está el Gobierno, desprestigiado, pero apoyado por las fuerzas de seguridad; por otro lado, sindicalistas, ambientalistas, estudiantes, mujeres, maestros e indígenas que han tomado las calles, hartos de una clase político-empresarial vista como corrupta e inepta.

Ambos campos se atrincheran, y la violencia escala en un cóctel peligroso de ingobernabilidad, advierten analistas consultados por DW.

Los detonadores de las protestas fueron tres: la reforma de la seguridad social, en marzo, que recorta beneficios laborales y de jubilación a cientos de miles de trabajadores; una propuesta del presidente José Raúl Mulino de reabrir una mina de cobre, violando un fallo de la Corte Suprema que ordenó su cierre en 2023, luego de manifestaciones multitudinarias; y la firma de un memorándum que permite a Estados Unidos retornar a sus antiguas bases cerca del Canal de Panamá e incrementar su presencia militar en territorio panameño.

Las protestas más grandes en Panamá en 30 años

Esa mezcla de descontento se refleja en las calles, donde desfilan eslóganes defendiendo la soberanía del país, seguidos por reclamos laborales y ambientales, pero también se ven acusaciones contra la corrupta clase política y exigencias de mejoras en salud, educación y en los derechos de los indígenas.

«Son las protestas más grandes en 30 años”, dice a DW el analista político José Eugenio Stoute. «El gobierno ha perdido el control de dos provincias, Bocas del Toro, controlada por los huelguistas, y el Darién, controlado por los indígenas. Y en la capital hay marchas cada 24 horas”.

Desde Bocas del Toro, el exasesor diplomático Ángel Ricardo explica a DW por teléfono que las carreteras están bloqueadas desde hace días. «Somos rehenes, solo nos podemos mover por avionetas”, cuenta el ahora empresario turístico.

En la provincia, la huelga es llevada por los trabajadores de la empresa bananera Chiquita. «Ellos se sienten defraudadas por la nueva ley porque desmantela mejoras que habían logrado recién en 2017 luego de una gran protesta”, explica Ricardo.

El presidente echa gasolina al fuego

Mulino, un abogado electo el año pasado con apenas 34 por ciento de los votos, echó gasolina al fuego arrestando a sindicalistas, tildándolos de «mafiosos» e insultando a los manifestantes antimineros como «cinco gatos que no pagan planillas”.

Como consecuencia del deterioro, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó a Panamá esta semana en la lista de los 24 países «que más violan la libertad sindical”.

Nada funciona

José Eugenio Stoute ve el país inmerso en una crisis sistémica: «Es el resultado de un largo proceso de deterioro que ha terminado por deslegitimar el sistema político”, dice el licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona.

«Hay una crisis económica e institucional grave, herencia de los gobiernos anteriores. No funciona la salud, ni la educación, la justicia está parcializada, hay mucha corrupción, y las calles están inundadas de basura”, resume.

Panamá es de los países más desiguales de la región, con un desempleo que ronda el 9,5 por ciento, una alta informalidad, falta de infraestructura básica, como agua, y niveles bajos en salud y educación. Todo esto controlado por un sistema político rígido, patriarcal y elitista.

Décadas de abandono y corrupción

A juicio de Ángel Ricardo, las protestas indican el fracaso de un modelo.  «Con la reversión del Canal en el año 1999, pensamos que el país iba en piloto automático, que no había que luchar por nada. Y obtuvimos gobiernos corruptos”, explica el analista.

En su opinión, la oportunidad que tuvo el país de desarrollarse luego de obtener el control del Canal y sus multimillonarios ingresos, se perdió. «El potencial ha sido despilfarrado, robado. Y ahora se está viendo el  resultado de décadas de abandono y corrupción», denuncia.

A pesar de las reiteradas señales de advertencia, la élite panameña hizo oídos sordos a los reclamos ciudadanos. Ricardo considera que durante muchos años, la élite recorrió a la táctica, de «tapar todo con dinero”, pero ese truco ha llegado a su fin con la pandemia y la crisis económica que la acompañó.

Ahora, los políticos enfrentan, según él, a un dilema: ¿cómo luchar contra toda esa montaña de problemas sin que se venga abajo el país?

«Alguien va a salir perdiendo»

La respuesta parece poco clara, algo que Stoute adjudica a la poca experiencia política dentro del gabinete de Mulino, quien es abogado empresarial y llegó a su cargo con el apoyo del popular expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y exiliado en Colombia.

«El gobierno está empecinado en no derogar la ley, y el movimiento social no quiere parar la huelga si Mulino no revoca la ley. Es una situación peligrosa que ojalá no termine en una tragedia”, advierte el analista político.

Ricardo es más escéptico: cree que la situación va a empeorar. «No hay manera armoniosa de resolver un tema como este. Alguien va a salir perdiendo”, vaticina.

Última esperanza: la juventud, la Iglesia y el empresariado

Así las cosas, Stoute pone sus esperanzas en una mediación de la Iglesia católica. El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, llamó al diálogo y la reconciliación el domingo pasado

Ricardo, por su lado, apuesta más a las nuevas generaciones. «Necesitamos un liderazgo joven, fresco, diferente”, enfatiza el experto.

En su opinión, escuchar hablar a Trump de retomar el canal de Panamá ha despertado a la juventud. «Sentir este retorno de la historia cambia actitudes”, considera el empresario.

También parece haber señales de que el empresariado, que hasta ahora ha apoyado al presidente, se está fracturando.

Hace poco, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Gabriel Diez, propuso reformar la impopular ley del seguro social que eliminó el concepto de solidaridad intergeneracional para reemplazarlo por un sistema de cuentas de capitalización individuales. Habrá que ver si eso es suficiente para calmar los ánimos caldeados.

Fuente: DW

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