En informe publicado este lunes por el banco de inversión estadounidense JP Morgan destaca que, la interminable saga en torno al contrato para la concesión de la mina Cobre Panamá (que representa el 1.5% de la producción mundial de cobre) a la empresa canadiense First Quantum Minerals, Ltd. parecía estar llegando a su fin con el próximo fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre su constitucionalidad, pero durante el fin de semana, la trama dio un giro inesperado, cuando el presidente Laurentino Cortizo, buscaría el voto de la Asamblea Nacional para convocar un referéndum sobre la continuidad o la terminación del contrato, que había sido aprobado hace solo unos días (la Ley N°406), que se lleve a cabo el 17 de diciembre.
Según JP Morgan, desde un punto de vista económico, Cobre Panamá representó, según la comunicación más reciente de la empresa, alrededor del 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado (la producción minera en sí representó un poco menos del 4%), Ahora, la posible terminación del contrato no necesariamente implica, pero a su juicio, es muy probable que no lo haga, que la mina deje de operar, sino que cambiaría de manos.
Por ello consideró que un primer escenario sería que el contrato se renegociara y que el gobierno lograra llegar a un acuerdo con First Quantum Minerals sobre nuevos términos que calmaran la agitación social. Mientras que un segundo escenario sería que el contrato se terminara y se negociara un nuevo contrato con otra empresa. Finalmente, la tercera opción sería que el estado asuma.
Sin embargo, advierte que bajo estos dos últimos escenarios, y de acuerdo con el Artículo VIII del Tratado Internacional para Promover y Proteger las Inversiones entre Panamá y Canadá, el gobierno tendría que compensar a First Quantum por su inversión, que se estima en alrededor de $7,000 millones.
“La empresa canadiense tendría derecho a buscar arbitraje internacional a menos que exista un interés público y un debido proceso legal para nacionalizar la mina. Aquí es donde el voto emitido por la CSJ se vuelve relevante. El escenario final es que la mina deje de operar, lo que parece poco probable, incluso si las protestas alegan preocupaciones ambientales. En este último escenario, las pérdidas fiscales y económicas serían graves.
Mientras creíamos que el gobierno había logrado superar la agitación social y estábamos a la espera del fallo constitucional, la introducción de un referéndum sobre el asunto (si es aprobado por la Asamblea) al menos generará una gran cantidad de ruido político en las próximas semanas. Además, si el referéndum rechaza el contrato, mucho dependerá de cómo se asimile (como se muestra en los cuatro escenarios potenciales mencionados anteriormente).
Pero, en cualquier caso, advierte JP Morgan, si el contrato se revoca, creemos que la probabilidad de que Panamá pierda su calificación de grado de inversión a corto plazo aumenta significativamente, ya que una menor confianza en el marco institucional del país probablemente resultaría en una menor inversión y un menor crecimiento a medio plazo. Finalmente agregó que esto, a su vez, ejercería una presión significativa sobre las finanzas del país, ya que perderían lo que hasta ahora hemos considerado su ancla
Fuente : Staff Inversiones y Negocios
