Con la entrada en vigor de la etapa de cumplimiento obligatorio de la digitalización fiscal, el panorama para las Pymes y profesionales independientes en Panamá se transforma. Según los parámetros de la Resolución 201-6299, se estima que el 56% de los usuarios actuales del sistema estatal (unos 18,000 contribuyentes) han superado los topes permitidos para el uso de la herramienta gratuita.
Los criterios de obligatoriedad: Cualquier persona natural o negocio que cumpla con uno de estos dos requisitos quedará inhabilitado para el facturador estatal:
- Ingresos brutos anuales superiores a $36,000.
- Emisión de más de 100 facturas mensuales.
Impacto en la continuidad operativa: Superar estos límites sin haber realizado la transición a un Proveedor de Autorización Calificado (PAC) conlleva riesgos administrativos directos. El sistema estatal restringirá el acceso, lo que impide legalmente documentar ventas y expone al contribuyente a sanciones por incumplimiento tributario que oscilan entre los $500 y $25,000.
«El crecimiento de un negocio o de un profesional independiente no debería ser castigado con la interrupción de sus operaciones. En Alegra.com, facilitamos que esta migración sea un paso hacia la modernización y no un obstáculo burocrático, ayudando incluso a los contribuyentes a obtener su certificado electrónico para que no detengan su facturación», afirma Getsemani Castillo, Líder de Alegra Panamá.
No obstante, ignorar estos nuevos parámetros técnicos conlleva peligros operativos inmediatos que van más allá de un simple trámite, afectando directamente la estabilidad del contribuyente:
- Bloqueo de Emisión: La DGI ha comenzado a restringir el acceso al facturador gratuito a quienes superen los topes, impidiendo legalmente cualquier venta documentada.
- Riesgo Inmediato de Sanciones: Quienes operen sin facturación electrónica válida debido a la inhabilitación del sistema estatal se enfrentan hoy a multas que van desde los $500 hasta los $25,000 en casos graves de reincidencia, acompañadas de cierres temporales del establecimiento comercial por incumplimiento tributario.
- Impacto Comercial: La imposibilidad de emitir documentos válidos impide que los clientes corporativos deduzcan sus gastos, lo que está provocando una pérdida inmediata de contratos y competitividad para los proveedores afectados.
Con el reloj en marcha hacia el cierre del ciclo fiscal, el ecosistema empresarial panameño se enfrenta a una transformación obligatoria donde la anticipación será la clave para evitar sanciones. La integración de estas nuevas normativas busca no solo el cumplimiento tributario, sino la profesionalización de miles de contribuyentes que, al dar el paso hacia un PAC, aseguran la continuidad de sus servicios en una economía plenamente digitalizada.
Fuente: Alegra
