La Asociación Marítima de Panamá (MAPA) reitera que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para la atracción de inversiones y el fortalecimiento del papel de Panamá como hub marítimo y logístico de la región.
Ante el anteproyecto de ley 119 del 11 de agosto de 2025, que plantea derogar el contrato suscrito en 1998 entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC), MAPA considera indispensable que cualquier revisión de contratos se realice con base en análisis técnico, transparencia y diálogo.
El contrato ferroviario vigente, aprobado por la Asamblea Nacional y renovado en 2023, incluye mecanismos claros de fiscalización y reconoce la facultad del Estado para auditar las operaciones de PCRC. Desconocerlo de manera unilateral no solo afectaría la institucionalidad, sino que podría enviar un mensaje preocupante a inversionistas nacionales e internacionales sobre la falta de estabilidad de las reglas en Panamá.
MAPA enfatiza que este contrato no otorga exclusividad, por lo que el Estado mantiene la plena capacidad de otorgar nuevas concesiones ferroviarias transoceánicas si lo considera conveniente. Lo importante es que las decisiones se tomen dentro del marco de la ley y en un entorno que brinde certeza jurídica a todos los actores.
Exhortamos a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional a conducir esta discusión con responsabilidad, transparencia y apertura al diálogo. Defender la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, fortalecer la institucionalidad democrática es la mejor garantía para un desarrollo sostenible del sector marítimo, logístico y de la economía nacional.
Fuente: Revista Inversiones & Negocios
