COMUNICADO – PROYECTO DE LEY 413

Las entidades y gremios indicadas en este comunicado, cuyos miembros representan a los principales sectores que intervienen en el mercado de capitales en la República de Panamá, hacen de conocimiento público su oposición y rechazo al proyecto de ley 413 en consideración por la Asamblea Legislativa. Este proyecto de ley busca prorrogar automáticamente el pago de capital de aquellos valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores como medida, en principio, para la protección y mitigación de los efectos causados por la pandemia del COVID-19.

En respuesta a la pandemia, la industria, incluyendo la Superintendencia del Mercado de Valores (como Ente Regulador de esta materia), ha estado tomando con la mayor seriedad y responsabilidad las medidas que corresponden dentro del marco legal vigente, con el objeto de proteger y respetar los derechos de los participantes del mercado, particularmente de los protagonistas, a saber, inversionistas y emisores.

Por ejemplo, mediante el Acuerdo No. 3-2020 (el cual fue promulgado el 24 de marzo de 2020), la Superintendencia del Mercado de Valores, amparada por una ley robusta y moderna, dictó reglas de aplicación temporal que facilitan las gestiones que pueden llevar a cabo, de común acuerdo, los emisores de valores que así lo requieran y sus inversionistas para reformar o liberar ciertas obligaciones de los emisores, incluyendo de pago de capital e interés, con el objeto de mitigar los efectos de la pandemia en sus operaciones, respetando los derechos de los inversionistas. A la fecha, al menos una docena de emisores se han acogido al proceso abreviado y expedito contemplado en dicho acuerdo, varios de los cuales ya han sido aprobados por los inversionistas requeridos en cada caso y por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Es muy importante tener presente que los mercados de capitales están cimentados en la confianza y en nuestro caso inversionistas domésticos, regionales y mundiales han depositado la suya por la robustez de nuestro sistema y la seguridad jurídica que históricamente ha imperado. Diferentes actores del mercado, incluyendo la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., por muchos años han trabajado en la integración regional, siendo El Salvador y Panamá los dos primeros mercados en lograrlo desde el año 2017. Asimismo, la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin Clear) ha estado trabajando en la internacionalización de los títulos valores que se emiten y negocian en Panamá, a través del programa iLink de Euroclear Bank, una de las principales infraestructuras de mercado de capitales a nivel global.

Esas iniciativas han generado confianza y permitido que, al cierre de marzo de 2020, unos 130 emisores mantengan veinte mil millones de Dólares (www.panabolsa.com) con inversionistas particulares, corporativos e institucionales, lo cual impacta positivamente la capacidad de ahorro y consumo de la población, motor fundamental de la economía.

De ser aprobado, el proyecto de ley 413 tendrá efectos perjudiciales en la confianza de los inversionistas, ya que dispone una medida generalizada de aplazamiento de obligaciones de pago y erosiona la seguridad jurídica en nuestro mercado de capitales y en el país, dejando en estado de indefensión a los inversionistas. Las consecuencias pueden ser funestas a corto plazo. La medida no solo afectará a inversionistas institucionales sino también a pequeños ahorristas directamente o a través de sus posiciones en fondos de pensiones, fondos privados y fondos del SIACAP, entre otros. Cualquier efecto positivo que se pretenda perseguir con el referido proyecto de ley, se verá ampliamente rebasado por sus efectos colaterales adversos que, entre otras cosas, desalentarán la inversión extranjera que tanto necesitamos y nos alejarían del objetivo de convertirnos en un hub regional para el registro, la colocación y la negociación de valores.

Con todo respeto, instamos a la Asamblea Legislativa a que desista del proyecto de ley 413 y permita que los participantes del mercado, incluyendo los emisores, se sirvan de las herramientas jurídicas existentes para hacerle frente a las secuelas de los controles y demás limitaciones impuestas por la pandemia.

 

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